ESTO CUESTA LA INSEGURIDAD

Por Plácido Garza

Debido a la danza de estadísticas difundidas al modo de cada uno de los actores nacionales en el tema de la inseguridad, les voy a compartir dos indicadores que revelan con toda su crudeza y con un altísimo grado de certidumbre lo que está ocurriendo en México en ese campo.

Se trata –por un lado– de las pérdidas reportadas por las empresas en sus estados de resultados de diciembre para efectos fiscales, atribuidas a acciones criminales en contra de su patrimonio y, por el otro, lo que las mismas empresas gastaron en ese ejercicio fiscal por concepto de contratación de servicios de seguridad privada, equipos y tecnología para resguardarse de los delincuentes.

Para que quede bien claro: el primer indicador se refiere a lo que las empresas perdieron por robos de equipos, producto y materiales, extorsiones, secuestros y asaltos en sus propias instalaciones: $42,210 millones de pesos durante los 12 meses de 2018.

Y el segundo indicador refleja los gastos –porque no son inversiones– en que incurrieron las mismas empresas para protegerse de los criminales: $120,000 millones de pesos en el mismo periodo.

Les platico: la firma de la que obtuve esta información se llama Sistemas Integrados de Mercado, SÍ® es su nombre comercial y tiene su base en San Pedro Garza García, con operaciones en todo México y en otros países.

Durante todo el año pasado realizaron entrevistas en más de 10,000 empresarios de todos los giros y tamaños, que operan en las 60 ciudades más importantes del país.

El resultado de esta investigación revela que el 35% de los empresarios sufrió asaltos o atentados en sus propias instalaciones; 30%, el robo de carga y equipos de autotransporte; el 20%, algún tipo de extorsión, y el 15% reportó secuestros entre familiares, directivos y empleados de sus negocios.

El 55% de los delitos señalados fue denunciado por los afectados, lo cual robustece la percepción de que los números que el gobierno y otros organismos reportan se quedan muy cortos respecto a la inseguridad real que se padece en México.

De éstos, solamente el 10% derivó en la detención y procesamiento de los delincuentes, lo cual nos habla del estado que guarda la laxitud de las leyes mexicanas.

Utilizando un cruce de variables dentro de la plataforma Big Data, pudimos saber que el 5% de los criminales detenidos por esos delitos, al final de 2018 había recobrado su libertad, lo cual agrava aún más el tema de la ineficacia del poder judicial para hacer que los delincuentes procesados permanezcan tras las rejas.

La estadística de este estudio sorprende por su nivel de detalle, pues los gastos de las empresas asociados con la inseguridad están clasificados por estado, lo cual permite darnos una idea de cuáles son las zonas más peligrosas para hacer negocio en estos momentos.

La primera acotación que surge al respecto es que los $162,210 millones de pesos que suman ambos rubros, si el gobierno hiciera su trabajo en materia de seguridad, se irían al rubro de inversión para el desarrollo y crecimiento de las empresas, lo cual se traduciría en la generación de por lo menos 500,000 empleos más.

Necesitaría una plana o más de este periódico para compartirles toda la información de esta interesante investigación; por lo pronto, les digo que los especialistas de la firma SÍ® obtuvieron una información muy valiosa, a la que le llaman “derivada”.

Se trata de los nombres de empresas que aprovechándose del filón de oro que es la falta de seguridad en México, dan “gato por liebre” en productos y servicios a clientes que las contratan para resguardarse de los criminales.

En esa lista aparecen empresas que venden equipos que se quedan muy cortos de lo que ofrecen en sus folletos o que proveen personal no calificado para encargarse de la protección de los empresarios, sus patrimonios, familiares y personal.

Lo mismo hay nombres de proveedores de rastreadores satelitales, de GPS, cámaras de vigilancia, plataformas informáticas, que de las típicas firmas de seguridad privada que en el mismo periódico donde publican vacantes de guardias a quienes les pagan $6,000 mensuales, ofertan sus servicios a $10,000 por elemento.

Algunos de estos vivales explotan que sus casas matrices son de Israel, Suiza, Francia, Alemania, para sorprender a sus clientes con productos chafas y prácticas comerciales desleales. Con éstas aplica muy bien el dicho de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Jesús Astauburu, empresario del giro del transporte de carga y agropecuario del Bajío, dice que debe publicarse la lista de esas empresas “patito” que aparecen en el estudio de SÍ®. Lo consulté con los directores de la firma y me dijeron que ello ayudaría a alertar a los clientes sobre lo que Jesús llamó “proveedores balines”. En eso andamos.

Por lo pronto, mañana publicaré la inversión privada en los dos rubros de la inseguridad, estado por estado. Por sí solos, los números dan una idea clara del enorme reto que le espera a Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de AMLO.

“El costo de la inseguridad aterra, pero más aterradora es la demagogia con que el nuevo gobierno la enfrenta”, dice mi Gaby.

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